Por supuesto que no; eso no implica que sea ilegítimo como gobierno, pero sin duda la reflexión muestra que no puede declararse como dueño del Estado y por ende, con derecho a decidir que camino ha de seguir el colectivo y la tierra sobre la cual vive.No podemos poner en duda que muchos terrenos, -traducido esto como miles de hectáreas en Venezuela-, están injustamente en manos de pocos; tampoco se puede negar que muchos han tenido poco de estas tierras, pero igual pocos quizás han sabido explotarlo justamente, desperdiciando la más que irregular asistencia técnica del Estado, en el transcurso de estas últimas décadas, pero aprovechando siempre, eso si, la ayuda económica aportada por éste, traduciéndose ello en miles de millones de bolívares perdidos en ilegales transacciones que involucraron al sector agrícola y pecuario (casas, vehículos, viajes, lujuria, etc.)
Una cara, nada más, del monstruo -por lo deficientemente planificado y débilmente ejecutado en el país-, en los últimos 60 años.
Ahora, y como ha venido tomando forma en esta década de los 2000, la repartición de tierras, asesoramiento y recursos, tanto de infraestructura general requerida por el sector como monetarios, ha tomado ribetes políticos partidistas como nunca antes, implicando ello incluso la inaceptable consecuencia social de la muerte de decenas de lideres agrarios a nivel nacional, en circunstancias no aclaradas, sin que la producción acusase un incremento o eficiencia fuera de toda duda como resultado de las políticas vigentes.
El aspecto que inicialmente tratábamos, -la probatoria de propiedad-, a todas luces cargada actualmente de una exagerada intención gubernamental, es suficiente para mostrar la falla en el proceder:
En vez de verificar, una vez que se ha demostrado que la tierra no esta siendo utilizada para la vocación optima y realista establecida, o que su productividad esta siendo mantenida a costa del trato injusto o mal remunerado del personal empleado, procediendo entonces a la solicitud de la probatoria de propiedad desde el lapso que fuera reconocido en los propios registros gubernamentales, se establece en cambio como requerimiento del gobierno, unos recaudos históricos difíciles de mantener como registro en una nación que ha sido subdesarrollada durante toda su historia, e inútiles de paso, dado que la mayoría de las tierras eran de la nación misma aún a mediados del siglo XX. Consecuencia: Se le puede quitar las tierras hasta al que si produce y compró legalmente.
Entonces: ¿Conseguimos que unas tierras potencialmente productivas están ociosas?:
Lo lógico es validar primero de quienes son; luego determinar si sus actuales usuarios están en capacidad de hacerlas productivas. Posteriormente, si se demuestra la incapacidad de ellos para hacerlo, o la mala intención de los mismos, proceder a su reasignación legal, con el establecimiento de un programa agropecuario y ecológico definido, en plazos de tiempo claros e impostergables, para incorporarlas plenamente a la estrategia productiva nacional. La reasignación o “venta”, deberá ser únicamente a quien demuestre la capacidad administrativa y técnica comprobable necesaria para la vocación ya establecida en el sector.
Obviamente, sin importar lo que se hiciera en dichas tierras, el Estado, representado por el gobierno, no puede desalojar a quienes habitan y/o vivan de ello legalmente, sin la previa indemnización que garantice la condición de sobrevivencia de la persona y familias involucradas, -previa sentencia jurídica correspondiente a que hubiera lugar-, como venezolanos al fin y al cabo, con derechos consagrados en la constitución
Casos muy particulares, como el reciente del ciudadano y político Diego Arría, y la expropiación ejecutada sobre la explotación agrícola supuestamente a su nombre, no deben a mi juicio ser tomado a priori como ejemplos de lo que no debe hacerse por parte del gobierno, pues como colectivo llano que somos, ignoramos si esas tierras estaban correctamente adquiridas, siendo justamente utilizadas, y si sus empleados, que como sabemos, bien podían ser marginados de muchos beneficios socioeconómicos, estaban realmente conformes.
Se requiere conocimiento e información para juzgar. (De paso, rechazo la actitud tomada por dicho ciudadano, quien no ha dudado en salir al escenario internacional, aprovechando sus influencias como activo diplomático que fue, a denunciar el supuesto abuso cometido contra el, sin medir consecuencia alguna para la nación.
En general, (dejando a un lado el caso mencionado), sacar a alguien de sus terrenos, mediante acciones que resultan dudosas y exageradas por parte de un gobierno que no se apega a derecho ni a planificación consensuada, tanto o más como las realizadas por muchos de esos “propietarios” a su vez para hacerse de esas tierras en otras épocas con poder en mano, es en definitiva, censurable.
También lo es para los nuevos terratenientes de la actualidad, que siguiendo esos mismos descalificables caminos, deberán prontamente ser confrontados con la constitución y las leyes.
Las tierras son para ser explotadas justa y balanceadamente; el grosero beneficio económico buscado por muchos, como vía de éxito y poder en un país como éste, deben acabarse, si ello supone pasar por encima aunque sea, de un ciudadano
No cualquiera se mete al campo a trabajarlo; por lo menos no como están las cosas. Por ello no puede desanimarse la buena actitud hacia ello de quien la tenga, al mismo tiempo que se castiga a quien teniéndolas, no las aprovecha mas que para pasear los fines de semana, y lo cual debe hacerse siempre bajo el único imperio posible de existir: El de la ley inspirada en nuestra justa constitución.
Exigir 50, 100, o 150 años de documentación probatoria de posesión legal de tierras, es tan extremista como aspirar que a un sólo gobierno o a un solo presidente, se le de la “eternidad” de ese mismo periodo de tiempo para -ahora si-, salvar al país.
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