Aprovechando
la pregunta de un amigo de este blog, es buena la hora para repasar los aspectos
constitucionales que de manera elemental permiten al soberano (es decir, el pueblo todo, debidamente
inscrito en el registro electoral permanente, independientemente de que esté de
acuerdo o no con el gobierno,-Art 5 en la Constitucion-), activar el mecanismo y votar a
favor o en contra del despido, (en este caso de Nicolás Maduro), del presidente
en ejercicio, una vez cumplido la mitad de su periodo presidencial, ( lo que ocurrirá este próximo 15 de Abril, cuando se cumplen 3 años de la fecha de adjudicación por el CNE a Maduro, allá en el 2013), y con lo cual procederíamos
a llamar a nuevas elecciones. (Únicamente en el caso de que no se permita
transcurrir más de 4 años en ejercicio continuo de sus funciones, antes de
activar y programar el mencionado referéndum).
Esto último lo digo porque debemos
recordar, -aunque resulte incomodo-, que el ambiente jurídico y político en Venezuela
no garantiza en modo alguno que esta solicitud de referéndum a Maduro se
concrete; hay demasiados elementos controlados de forma antiética por quienes
ejercen el poder actualmente (y para muestra,
“un botón”, como dicen en mi tierra: La existente estrategia oficialista/partidista, que busca desmontar
uno por uno a los diputados de oposición elegidos, siguiendo el mismo libreto
del periodo legislativo anterior, donde varios fueron eliminados políticamente).
Pese
a esto, en principio la fuerza del voto masivo, precedido por la recolección de
firmas de manera amplia, que incluso supere los mínimos requeridos por el CNE (y eso
a pesar de que en el presente, la firma probablemente deberá ir acompañada de fotografía y
huella dactilar), podrán colocar la balanza del lado de la sensatez,
toda vez que ambos bandos políticos deben reconocer que sacar a Maduro constitucionalmente,
no conlleva al fin de la república, ni mucho menos implica que el chavismo no
tenga oportunidad de ganar las consecuentes elecciones presidenciales a ser
realizadas luego de “despido” de Maduro, ya que ello dependerá exclusivamente de
la fortaleza del candidato que seleccionen.
Entrando
al tema legal, son dos los artículos que establecen con claridad supina lo que
puede hacerse en materia de referéndum, y bajo que escenario es posible: Los artículos
72 y 233 de la constitución de Venezuela.
Artículo
72. Todos los cargos y magistraturas de
elección popular son revocables.
“Transcurrida
la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un
número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en
la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un
referendo para revocar su mandato.
Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o
funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de
electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los
electores y electoras inscritos, se
considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta
absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley.
La revocación del mandato para los
cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley.
Durante
el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá
hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato.”
Artículo
233. (Faltas
absolutas)
“Serán
faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su
renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de
Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta
médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la
Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea
Nacional, así como la revocación popular
de su mandato.
Cuando se produzca la falta absoluta del
Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a
una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días
consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente
o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el
Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.
Si
la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República se produce
durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una
nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días
consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o
la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente
Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva.”
En los casos anteriores, el nuevo
Presidente o Presidenta completará el período constitucional correspondiente.
Si
la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período
constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá
la Presidencia de la República hasta completar dicho período.
Obviamente
a pesar de ser ésta la “columna vertebral” de todo el proceso revocatorio, que es
reforzado por el entramado de leyes y reglamentos relacionados, sujetos todos de
forma invariable a la letra de la constitución, hay que reconocer que existen "facetas" no tan claras como quisiéramos, que entran en juego más allá de los
aspectos legales, -y que con tanta retorcida insistencia toleramos a diario-,
los cuales dejan ver en caso de ejercerse, la naturaleza dictatorial solapada del
actual régimen “cuartofijista-revolucionario”.
Esta premeditada amenaza resultante, fruto de la penetración del gobierno a través del Estado centralista y aburguesado, en todos los ámbitos de la sociedad, posibilita la existencia de un inmoral, chantajista y directo seguimiento a todo trabajador de empresa/organismo/institución y dependencia del Estado, así como a todo pensionado, becado o beneficiario de misión, que estando entonces anotado en el mencionado registro electoral, pueda ser "convencido" de no participar en la recolección de firmas, mediante la amenaza de perder su "beneficio".
Esta premeditada amenaza resultante, fruto de la penetración del gobierno a través del Estado centralista y aburguesado, en todos los ámbitos de la sociedad, posibilita la existencia de un inmoral, chantajista y directo seguimiento a todo trabajador de empresa/organismo/institución y dependencia del Estado, así como a todo pensionado, becado o beneficiario de misión, que estando entonces anotado en el mencionado registro electoral, pueda ser "convencido" de no participar en la recolección de firmas, mediante la amenaza de perder su "beneficio".
Indudablemente, es por ello que esta será la primera gran prueba que deberá superar todo aquel que desee ponerle
fin al mandato de Maduro: Si la firma tendrá que acompañarse por la foto y la
huella, esto implica que habrá que someterse muy probablemente a la observación
de todos los factores (aquellos que estén a favor y aquellos que estén en
contra), con el recuerdo aún vivo e intenso de la "Lista Tascón", y de su posible sucesora.
Ante eso, es claro que fundamentalmente será el sector tradicionalmente opositor el que estará llamado a lograr la cantidad de firmas requeridas, en parte con la convicción y certeza de que una vez llamado el referéndum, el resto de la población se volcará silenciosa pero contundentemente (como el 6-D), hacia la desaprobación de Maduro como gobernante mediante el voto secreto.
Ante eso, es claro que fundamentalmente será el sector tradicionalmente opositor el que estará llamado a lograr la cantidad de firmas requeridas, en parte con la convicción y certeza de que una vez llamado el referéndum, el resto de la población se volcará silenciosa pero contundentemente (como el 6-D), hacia la desaprobación de Maduro como gobernante mediante el voto secreto.
Esto
es inevitable en un país donde el estado de derecho esta deformado y
resquebrajado. Allí donde los valores morales y éticos se apartan para servir
al amo que detenta el poder, y donde todo lo demás se arrodilla, aquellos que
prestos a soportarlo todo, constituirán con su resolución inquebrantable, aun sin
pretenderlo, la referencia moral del próximo nivel.
Yo en
lo particular, pese a trabajar donde lo hago, ofreceré mi firma, foto y huella,
para obligar a un cambio. No es un delito opinar que un presidente, que un
funcionario elegido por votación popular, lo ha hecho mal y no merece continuar
en el poder. Hay que entender que seguramente a la luz de la experiencia, alguien lo hará mejor, surgido de cualquiera de las
filas políticas que hacen vida en el país. De eso se trata precisamente estar
en el medio, procurando el equilibrio en la concepción republicana, apoyado únicamente
en las nociones de libertad y justicia social que desde el preámbulo mismo de
sus páginas, nos ofrece la constitución.
Sacar
a Maduro será la oportunidad para que otras personas propongan ideas y sus
nombres; podrá ser chavista, de oposición o de la calle del medio, pero será
una oportunidad para que podamos con las lecciones sudadas y sufridas en estas décadas
andadas desde los ochentas, construir con mucha humildad el principio de algo distinto.
No
sueñen con cambios de la noche a la mañana, porque estarían demostrándose a sí
mismos que en realidad no han aprendido casi nada. (Ya hemos comentado que aun tomando las medidas adecuadas de “ya”, construir nuevamente la confianza en la
justicia y el Estado hasta hoy chapuceros, llevará tiempo, y no menos de dos años para que a
partir de ese hipotético “punto cero”, comencemos a ver apenas cambios esperanzadores).
En
definitiva, apartando pros y contras,
el asunto relevante es que solo tenemos tres (03) meses para que la población organizada
inicie la recolección de firmas, mediante la infraestructura que dispondría para
tal fin el CNE.
Señal
del destino o ironía del mismo, es que justo cuando el primer día de los
tres meses restantes para llamar al referéndum revocatorio de Nicolás Maduro comenzaron,
éste personaje elija esta fecha (15 de Enero de
2016), para disparar toda su verborrea disparatera frente a una Asamblea Nacional
que representa el futuro inmediato: Una mayoría que lo desaprueba.
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